Nuestro caso

Cómo empezamos

En 2020, Ecologistas en Acción, Oxfam-Intermón y Greenpeace España demandaron al Gobierno por no haber aprobado un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima a finales de 2019, en cumplimiento de la normativa europea que obliga a todos los Estados de la Unión Europea. 

Este primer recurso señala la inactividad administrativa contra la que pretendemos recurrir, junto a una descripción somera del problema del cambio climático en el contexto internacional, así como su perjuicio a los derechos humanos. Con la interposición de este recurso, da comienzo el primer litigio climático contra el Estado español, en el que nos emplearemos a fondo para demostrar los efectos devastadores que el cambio climático tendrá en nuestro territorio de no actuar a tiempo, así como para exigir la reducción de emisiones del 55% en el año 2030, y el cero neto en 2040, como alternativa única para evitar un cambio climático devastador. Señalaremos también la responsabilidad del Estado en la desprotección de los derechos fundamentales más esenciales de la ciudadanía, que necesitan de un medio ambiente adecuado para poder disfrutarse plenamente. 

Seguimos teniendo mil pies en la calle, apostamos por la movilización activista ciudadana (…) Esta es otra vía interesante porque aunque sea más lenta tiene un potencial transformador tremendo.

Lorena Ruiz-Huerta, abogada del Juicio por el Clima.

Con este procedimiento interpelamos también al Poder Judicial, que tiene la oportunidad de involucrarse en la lucha contra el cambio climático compeliendo al Gobierno a que cumpla sus compromisos internacionales y a que apruebe unos instrumentos jurídicos con mayor ambición climática para salvaguardar el medio ambiente y los derechos fundamentales de la ciudadanía. 


Dónde estamos ahora

El 17 de junio de 2021, las organizaciones ecologistas presentaron un nuevo recurso contra el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima ya formalmente aprobado, en previsión de que el Tribunal accediera a la pretensión de la Abogacía del Estado de cerrar el procedimiento judicial inicialmente presentado por Greenpeace, Oxfam y Ecologistas en Acción. El segundo recurso, al que se han sumado nuevas organizaciones demandantes como Juventud por el Clima-Fridays for Future o la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, está basado, igualmente, en la escasa ambición del plan en su previsión de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, que es sólo del 23%, muy lejos del 55% que sería necesario para tener alguna posibilidad de no superar el 1,5º C de temperatura global y cumplir así sus compromisos climáticos internacionales.

Además, unos días después, el Tribunal Supremo (TS) notificó un importante auto a las organizaciones del primer proceso. El auto da la razón a las organizaciones ecologistas frente a la pretensión de la Abogacía del Estado de que se terminara el proceso judicial por “pérdida sobrevenida del objeto litigioso”, tras la aprobación por el Gobierno del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) el pasado mes de marzo.

El TS ha dado la razón a las entidades ecologistas, que se oponían a la terminación del litigio, porque su demanda no estaba basada sólo en la falta de aprobación del PNIEC, sino también en la falta de ambición climática que contenía el borrador del plan, finalmente plasmado en el PNIEC aprobado con carácter definitivo el pasado mes de marzo.

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