Lo esencial

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¿Qué es un litigio climático?

Los litigios climáticos son procedimientos judiciales que pueden dirigirse contra los Gobiernos de los Estados, por su falta de acción ante el cambio climático o contra grandes corporaciones, por su actividad altamente contaminante. 

Los litigios que se dirigen contra los Gobiernos, como el que aquí presentamos, tienen por objeto lograr el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos, así como la exigencia de responsabilidad por la falta de políticas de mitigación del cambio climático, que puede constituir una vulneración grave de los derechos fundamentales de la ciudadanía.

¿Por qué necesitamos un litigio climático ahora?

En un contexto de crisis sanitaria y socioeconómica sin precedentes, prevenir los peores efectos del cambio climático es imperativo. La vida y la salud de millones de personas en todo el mundo están en juego. 

Mientras se buscan respuestas urgentes frente a la COVID-19, se están tomando decisiones políticas de gran calado que definirán el futuro del clima, de la humanidad y del planeta. Para evitar un cambio climático devastador sólo hay una vía: reducir drástica y rápidamente las emisiones de CO2, lo que requiere de decisiones políticas valientes, que introduzcan cambios ambiciosos de forma urgente.

Estamos en un momento clave para evitar una crisis mucho más virulenta que la que el mundo ha experimentado con la COVID-19.

España lleva años emitiendo Gases de Efecto Invernadero (GEI) por encima del límite establecido: en virtud de la Decisión 2002/358/CE sobre el reparto comunitario de esfuerzos para el cumplimiento del Protocolo de Kioto, a nuestro país se le permitió incrementar sus emisiones en un 15% respecto a las de 1990 en el periodo 2008-2012, en lugar de tener que reducirlas como la mayoría de Estados de la UE. Lejos de respetar este límite, España incrementó sus emisiones hasta en un 22,8% durante ese tiempo, alcanzando un 51% en 2006, y hasta un 54% en 2007. Solo el impacto de la posterior crisis económica se tradujo finalmente en una disminución de las emisiones industriales hasta 2012, momento en el que estas retomaron un crecimiento constante hasta la actualidad. 

Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oxfam Intermón, la Coordinadora y Juventud por el Clima consideran que los esfuerzos del actual Gobierno de España resultan insuficientes para cumplir con los compromisos internacionales adquiridos y para compensar la falta de acción de gobiernos anteriores. El Gobierno ha incumplido el Reglamento (UE) 2018/1999, de 11 de diciembre de 2018, sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima –que establece que debían haber aprobado aprobado un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y una Estrategia a Largo Plazo (ELP) con carácter definitivo el pasado mes de diciembre-, y el borrador proyectado por el Gobierno incumple los compromisos asumidos por España con la ratificación del Acuerdo de París y las recomendaciones científicas del Panel Intergubernamental del Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC) para no superar 1,5 ºC. En línea con esto, la reducción de emisiones GEI no debe ser inferior al 55% en 2030 respecto a 1990 y el cero neto de las emisiones en 2040 . Sin embargo, el borrador del PNIEC fija un objetivo de reducción del 23% de las emisiones en 2030, muy por debajo del referido compromiso internacional. 

Además, aunque los principales instrumentos internacionales de protección de derechos humanos no reconocen el derecho al medioambiente, hace tiempo que los más altos tribunales internacionales reconocen que las condiciones ambientales inadecuadas pueden socavar el disfrute efectivo de los derechos a la vida, a la salud, al acceso al agua o a los alimentos. 

Por todo ello, las cinco organizaciones, desde su compromiso con la defensa del medio ambiente y los derechos fundamentales de la ciudadanía, consideran ineludible la obligación de iniciar este litigio contra el Gobierno de la Nación, la única instancia a la que acudir, por su actividad totalmente insuficiente en las últimas décadas para mitigar el cambio climático, que pone en grave riesgo los derechos más esenciales de las generaciones presentes y futuras

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